Pasa 11 meses en la carcel por denuncias falsas de su mujerPasó once meses en la cárcel por ocho denuncias falsas de maltrato de su ex pareja
José Antonio mostrando la sentencia que sobresee la causa. | Jesús Morón
Perdió el trabajo y penó once meses en la cárcel en aplicación de la legislación contra violencia de género. Su ex pareja se paseó de plató en plató de televisión rogando para que no lo dejaran salir de prisión porque temía por su vida y la de sus hijos. Ahora, un juez acaba de archivar la causa. José Antonio, que reside ahora en Umbrete, no ahorra críticas a un sistema judicial que «ha fallado» estrepitosamente en su caso, al enviarlo a prisión durante casi un año por unos delitos que ahora un juez dice que no ha cometido. «Lo he perdido todo y tengo que empezar ahora de nuevo, es muy duro, pero se ha acabado», sostiene José Antonio, que no ve a su hijo desde que comenzó la batería de denuncias en su contra. «Está con su madre y ella le ha influido en mi contra», se lamenta. 
La ex pareja R. V. D. "Los hombres estamos indefensos, yo he sido una víctima" El supuesto maltratador que no lo era trabajaba, antes de que comenzara la batalla con su esposa, en el sector de la construcción. Tenía una empresa de pulimentos que perdió, como buena parte de su vida. Por ello, aseguró que la Ley de Violencia de Género «no me parece bien, los hombres estamos indefensos, yo he sido una víctima». El juzgado de Violencia Doméstica de Sevilla ha dado carpetazo al caso contra J. A. S. B., de 39 años. No sólo eso, sino que la maquinaria de la Justicia se ha girado en redondo para deducir testimonio -inicio del proceso legal- contra su compañera R. V. D. por un presunto delito de denuncia o acusación falsa. Pero los once meses de cárcel y el sufrimiento desde diciembre de 2005 nadie se lo va a resarcir. El juzgado ha llegado a la conclusión de que las lesiones denunciadas por su compañera en ocho denuncias entre diciembre de 2005 y abril de 2008 se las causó ella misma con un cúter o en cualquier caso no las pudo cometer el acusado. Madre de dos hijos pequeños, la denunciante proclamó en televisión que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas por su pareja. Fernando Retamar, abogado defensor del denunciado, ha lamentado en declaraciones a Efe que su cliente haya pasado once meses en prisión preventiva debido a estas falsas denuncias, pese a los numerosos testimonios que tenía a su favor, entre ellos 1.200 firmas de apoyo de sus vecinos en La Rinconada. El juzgado de Violencia Doméstica, en un auto al que ha tenido acceso Efe, explica que una parte de las agresiones no pudo cometerlas el denunciado porque, según demostró mediante testigos, esos días estaba fuera de Sevilla y, respecto a la presuntamente cometida el 8 de marzo de 2007, se encontraba en prisión. Dice el juez que no sólo hay dudas sobre la forma en que se produjeron los hechos denunciados, sino por la "evidente falta de verosimilitud de la denunciante". El auto se basa en el informe forense sobre la agresión supuestamente ocurrida el 21 de enero de 2008, en el que se recoge que las lesiones de la mujer "están todas situadas en la cara anterior del cuerpo, zonas accesibles para la interesada". Además, las heridas que presentaba en el cuello "son difícilmente producidas en una situación de forcejeo, las del antebrazo y muslo son paralelas, difícilmente producidas en una situación de forcejeo en que dos personas se están moviendo continuamente y mantienen posiciones diferentes". Por ello, el forense concluía que "no se puede descartar la característica autolesiva de las lesiones descritas", según recoge el auto, que además se refiere a que el acusado estuvo ese día localizado en Umbrete, una localidad del Aljarafe sevillano, según certificó la Policía. El 12 de junio de 2007, la mujer presentó una nueva denuncia contra la madre de su compañero que también concluyó con una sentencia absolutoria en el juzgado de instrucción 13 de Sevilla, añade el juez. Además, un informe de la Unidad de Valoración Integral del Daño (UVIG), especializada en violencia de género, dio cuenta del "escaso grado de verosimilitud de las denuncias presentadas por la perjudicada" pues su testimonio "tiene poca veracidad, destacando su inconsistencia, las contradicciones y la escasa concreción de su relato". El afectado ha anunciado a Efe que va a presentar a su vez una demanda por los daños y perjuicios causados para que su ex compañera "pague la parte del daño que ha causado", ya que cuando estuvo en la cárcel perdió su trabajo y le ha costado encontrar otro.
El fiscal pide prisión para el juez decano de BCN por malos tratos
J. G. ALBALAT
BARCELONA Maltrato en el ámbito familiar. Esta es la acusación a la que se enfrenta el juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, para quien la Fiscalía de Barcelona reclama nueve meses y un día de prisión, más otras penas accesorias, por haber agredido el jueves a su esposa, María Rosa M., una notaria con la que se casó a finales del 2008. Regadera, a su vez, denunció a su mujer. Ante la existencia de denuncias cruzadas, a la esposa se le imputa el mismo delito, pero la petición de condena es menor, siete meses y 15 días de prisión. La ley contra la violencia sexista marca esta diferencia. El juicio ha sido fijado para el próximo septiembre, pero en el mundo judicial la pregunta que se hacía todo el mundo ayer es si Regadera dimitirá o no de su cargo. Él guardó silencio y no despejó la incógnita. ´La ley está criminalizando los problemas de familia´
El juez de familia Francisco Serrano acaba de publicar el libro Un divorcio sin traumas. Se trata de una obra que pretende transmitir nuevas formas de separación matrimonial que ayuden a eliminar conflictos provocados con la judicialización del proceso: SAP, custodia compartida, denuncias falsas, malos tratos, discriminaciones y privilegios por razón de género.MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE -¿El libro es una síntesis de lo que sucede normalmente en los juzgados de familia y por ello le lleva a proponer soluciones menos traumáticas?
Un joven avilesino denuncia el régimen de visitas que le ha impuesto un juez tras la ruptura de su pareja
J. GONZÁLEZ
Rodrigo Gutiérrez Álvarez, ayer en la redacción de LA VOZ./ TANIA
Su familia le ayuda a reunir los más de mil euros al mes que le supone la separación
«Quieren convertirme en un mero padre visitador, que no tome decisiones»
Rodrigo Gutiérrez tiene 26 años, y su hija 26 meses. Hace casi dos años, poco después del nacimiento de la niña, su ex pareja decidió poner fin a la relación. Desde entonces, este joven avilesino se ha visto inmerso en una prolongada lucha por defender el derecho a ver a su hija.
La pesadilla se inició cuando su ex pareja decidió emprender una nueva vida en Fuerteventura «un mes después de dejarme», relata Gutiérrez, que apela a la opinión pública como última opción. Y ello pese a que «mi abogada me lo ha desaconsejado», afirma.
Tras la marcha a Canarias de su ex pareja y la niña, un juez decreta en primera instancia que él tiene derecho a recoger a la niña y traérsela a Asturias una semana cada mes. Además, tendría derecho a estar con ella en julio y agosto y durante las vacaciones de Semana Santa y Navidad. Ese régimen incluía el pago, por su parte, de una pensión alimenticia para la niña de 250 euros.
La madre, no conforme con esa situación, recurrió a una instancia superior. Mientras tanto, prosigue Gutiérrez, él iba a Canarias a por su hija una vez al mes, para que una semana después fuera la madre quien viniera a por la menor para regresar a Fuerteventura.
Pero unos meses después, la Audiencia Provincial emitió una nueva resolución en la que estimaba en parte las pretensiones de la madre, elevando hasta los 300 euros mensuales la pensión a sufragar por Gutiérrez para la manutención de su hija. Al tiempo, el juez modificaba el régimen de visitas, al considerar inadecuado que la niña fuera sometida a los largos desplazamientos en avión entre Fuerteventura y Asturias. A partir de ese momento, Rodrigo Gutiérrez se vería obligado a permanecer en la isla con su hija durante un máximo de cinco días, preferentemente entre viernes y martes durante el primer fin de semana de cada mes. Y eso ha acabado por desquiciarle, no sólo a él, sino a su familia.
«Esa decisión la adopta el juez sin contar con un informe psicológico sobre el efecto que puede tener para mi hija volar en avión una vez al mes», lamenta Gutiérrez, quien señala que está valorando a qué tipo de recurso judicial puede ahora optar.
Así, mientras con el sistema anterior compartían él y su ex pareja los costes por desplazamientos al que obligaba la distancia entre ambos, ahora debe asumirlos él al completo. Y a ellos añadir el pago del hotel para la estancia de los cinco días que compartirá con su hija. «¿Acaso no es peor para ella estar en un hotel con su padre que en su casa en Asturias?», se pregunta el joven, quien se ve obligado a «hacer milagros» para reunir cada mes el dinero con el que poder ver a su hija.
«Estoy en el paro y gano 740 euros al mes, y me está siendo imposible encontrar un trabajo. Además, ¿dónde lo voy a encontrar que encima me dejen cinco días para irme a Canarias todos los meses?», se pregunta mientras esgrime facturas y billetes de avión, cuya suma no baja de los seiscientos euros. «Eso, sumado a la pensión, me está suponiendo casi mil euros al mes, más los gastos de estar cinco días en Fuerteventura», explica el joven. «Reúno el dinero gracias a que vivo con mis padres y a la ayuda de ellos y de mis hermanos», explica aludiendo a una familia que ha visto así drásticamente cortado su contacto con sus abuelos y tíos paternos.
Volver de vacío
La situación se volvió incluso más dura para Rodrigo Gutiérrez cuando el pasado mes de enero se presentó en Fuerteventura para comprobar que en la casa de su ex pareja no había nadie y se tuvo que volver de vacío. «Me tengo que comunicar con ella por carta. No me coge el teléfono», afirma acerca de quien compartiera con él su vida durante tres años y que, según cuenta el joven, al mes de romper su relación se establecía con otro hombre en la isla canaria. «Ella adujo en el juicio que se fue allí porque tenía más oportunidades laborales, pero no pudo demostrar más que estuvo 22 días como comercial con un contrato que aquí consigue cualquiera», apunta Gutiérrez, quien da por hecho que la marcha de ella a Fuerteventura tendría como intención «poner tierra de por medio para ver si yo me olvidaba de mi hija».
Pero él, afirma, no resignarse «a ser un mero padre visitador, que es en lo que quieren convertirme», y pide poder actuar como padre, «tomar decisiones», participar en la educación de su hija. Y afirma estar dispuesto a todo para lograrlo.
09 Ene 2008 D. Francisco Serrano Castro, Magistrado Juez de familia de SevillaEscrito por: Antonio Fernández Castillo el 09 Ene 2008 - URL Permanente
FRANCISCO SERRANO CASTRO Hoy en día resulta evidente que la sociedad ha evolucionado. Nos encontramos ante el dinamismo de una familia moderna que ha superado los tópicos y esquemas de la familia tradicional, en la que la mujer ha alcanzado cuotas de dignidad e igualdad, aun cuando para muchas aún se trate de un reto por conquistar. Estamos ante una nueva familia en la que la mujer, mediante su incorporación al mercado laboral, cobra protagonismo en la responsabilidad de atender económicamente a su sustento, y en la que, por tanto, el varón debe asumir que también tiene que compartir la atención de las tareas domésticas, especialmente en lo que concierne a las funciones nutrientes de crianza y cuidado de los hijos e hijas. Un padre, en definitiva, que ha de reorientar su papel periférico alejado y relegado en la vida y desarrollo de la prole. Se tiene que superar la concepción e imagen del padre o madre no custodios visitadores. Especialmente en el caso de los padres, resulta sumamente importante que sean ellos mismos los que lo logren, ya que para muchos su meta exclusiva sigue siendo poder estar con sus hijos en fines de semana alternos, unas horas entre semana como mucho, la mitad de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y un mes en verano. No digo que se trate de un modelo de padre visitador criticable, pues muchas veces, si este modelo se cumple e interpreta con flexibilidad, puede dar buenos resultados. Pero lo cierto es que tal esquema se tiene que empezar a cuestionar si lo que se pretende es alcanzar una implicación y corresponsabilidad plena en la crianza de los hijos/as tras la separación o divorcio. Muchos padres se limitan a exigir el derecho a estar con sus hijos cuando les corresponde, pues, en el fondo, un fin de semana se hace agradable y pasajero, llevando a los niños de paseo, al parque o a comer a una hamburguesería. Es lamentable que, cuando en una ejecución por incumplimiento, le he advertido a la madre que de persistir en su actitud podía cambiar el régimen de guarda y custodia, el propio padre se ha cargado mi intención terapéutica y persuasiva con un “Señoría, perdone, pero yo lo que pretendo no es quedarme con los niños, de los que no me puedo ocupar a diario, sino sólo poder verles cuando me toca”. Tras la separación o el divorcio, el modelo de guarda y custodia monoparental exclusivo presenta unas profundas quiebras que repercuten negativamente en madres, padres, hijos e hijas. A pesar de ello, este modelo no se puede descartar. Lo más importante es que ambos progenitores asuman y se comprometan en el ejercicio conjunto de corresponsabilidad parental que han de intentar armonizar en interés de los hijos o hijas, fomentando lazos de vinculación sólidos y estables paterno y materno-filiales. En ese esfuerzo conjunto de madurez, estimo que la solución más beneficiosa, la que facilita la mejor adaptación de los niños/as, la que repercute en mayor satisfacción parental y un mejor clima de cooperación y comunicación, relajando e incluso eliminando el conflicto interparental es el modelo de custodia compartida. Ciertamente todo el mundo, incluso los sectores hembristas o feministas radicales, termina reconociendo la evidencia de los efectos positivos y de las ventajas que introduce ese modelo de coparentalidad, si realmente marginamos otras cuestiones vinculadas que serían extrañas al interés de los hijos y estarían más cercanas al interés de los adultos enfrentados (vivienda, pensiones). Entonces, la pregunta que cabría plantearse es: en caso de conflicto, ¿habría que sancionar al progenitor que defiende el modelo que resulta, en verdad, más beneficioso para el hijo/a, otorgando la custodia a quien se opone al mismo y defiende otro de custodia exclusiva? ¿Cabría, pues, intentar evitar el sufrimiento infantil, otorgando la custodia exclusiva al progenitor que, a la postre, estaba dispuesto a un régimen compartido? Estoy seguro de que el sabio rey Salomón habría respondido negativa y afirmativamente, en ese orden, a las cuestiones planteadas. De hecho, un posicionamiento semejante por jueces, fiscales y equipos psicosociales conduciría a reducir el nivel de contenciosidad y conflictividad en materia de custodia. Sólo recordar que la Ley francesa de Autoridad Parental establece que el juez, cuando tenga que pronunciarse sobre las modalidades del ejercicio de la autoridad parental, tendrá especialmente en consideración, entre otros elementos, los siguientes:
Aun cuando nuestra ley civil no lo diga expresamente, lo mismo cabría predicar, como decía, en lo que concierne a la valoración de la aptitud de obstrucción de derechos del otro progenitor y de los propios menores, que cabría colegir e interpretar en aquel progenitor, padre o madre, que se opusiera a un régimen de custodia compartida posible, viable y que podría resultar altamente beneficioso y positivo para los intereses de los hijos menores. Quizá ese régimen no podría prosperar con ese planteamiento obstruccionista de uno de los progenitores, mas insisto, ello debería ser causa suficiente, en todo caso, para considerar que la idoneidad para la custodia exclusiva se haya de otorgar al otro, que era favorable a ese régimen de custodia compartida, pasando a disfrutar aquel o aquella del régimen de visitas que pretendía para éste. Lo contrario sería jugar con cartas marcadas. En definitiva, se trata de hacer realidad una máxima del principio de igualdad: la de que hombres y mujeres, exista o no ruptura, han de compartir, plenamente, todas las responsabilidades familiares. Francisco Serrano Castro es Magistrad-Juez de Familia de Sevilla |
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Custodia Compartida, ¿Por qué sólo en vacaciones? |
| Carlos Aurelio Caldito Aunión. Badajoz |
| 29 dic 2008 |
| Todas las Navidades, desde hace casi ocho años, me pregunto lo mismo (también todas las Semanas Santas, todos los veranos...) ¿es justo un sistema en el que las madres pueden decidir, cuando se separan de sus maridos, cuánto tiempo pueden pasar sus hijos con sus padres? ¿Por qué se me niega la custodia compartida de mi hija durante el curso escolar, y sí es admisible durante los periodos de vacaciones escolares? ¿Por qué "se me permite" pasar con mi hija casi la mitad del verano, y la mitad de las fiestas navideñas, y la mitad de la Semana Santa, y no en la primavera, el otoño y el invierno? ¿Es que durante el resto del año hay una epidemia de "padritis" de la que hay que preservar a mi hija a toda costa? ¿Por qué la Juez, el Fiscal y el Equipo Técnico Psicosocial adscrito a los Juzgados, consideran que mi hija sí puede permanecer conmigo "sin traumas" parte de las fiestas navideñas, o cambiar cada quincena de domicilio en la época estival y no puede, ni debe, hacerlo durante el resto del año? Claro que, también es un enorme misterio que consideren que es bueno que mi hija pase más tiempo con terceras personas -canguros- los días de diario, en lugar de venir conmigo, a pesar de disponer yo de más tiempo que su madre para cuidar y educar a nuestra hija... ¿Será quizá que la Juez de Familia, el Fiscal de Menores, y el Equipo Técnico Psicosocial consideran que los hijos necesitan por igual a su padre y su madre solamente durante las vacaciones escolares y, en cambio, necesitan exclusivamente a la madre durante el resto del año? Tal vez a alguna persona le parecerá una obviedad, una perogrullada, lo que estoy preguntando, pero todo ello es motivo de grandes sufrimientos para los menores que son condenados a una orfandad estúpida, cruel y evitable -al fin y al cabo una forma de maltrato a la infancia- y por otro lado una gran tragedia para cuantos padres (también alguna madre, aunque es una cantidad anecdótica) se ven privados del contacto con sus hijos. Soy profesor jubilado, superé una oposición y fui considerado apto, capacitado para educar a los hijos de otras personas; sin embargo la Señora Juez de Familia y el Señor Fiscal de Menores han decidido que "durante lo que dura el curso escolar" no estoy capacitado para educar a mi hija... Dirán ustedes qué algún motivo legal o alguna razón científica habrá para ello. Otros opinamos que esto se llama discriminación por razón de sexo, y llegamos a tener algo más que sospechas de que se están dictando sentencias injustas a sabiendas, o por negligencia o por ignorancia inexcusable... Pues eso..., que llegaron por fin las ansiadas y esperadas vacaciones, tanto para los niños, adolescentes y jóvenes en edad de estudiar, como para los adultos. Enormemente esperadas, pues soy padre separado (también, como decía anteriormente, he sido profesor y sé lo que las vacaciones significan para los profesores y los alumnos después de un larguísimo curso escolar...) Ya están aquí las vacaciones, por fin llegaron. Por fin voy a poder gozar de la compañía de mi hija de casi once años, y ella de la compañía de su padre durante un "tiempo suficiente". Algunos que lean estas líneas dirán qué ¿a cuento de qué dirá esto este buen hombre? Pues muy sencillo, mi hija pasa conmigo apenas una semana al mes. Y algunos seguirán preguntando ¿Es que este señor es una mala compañía que su hija ha de evitar por algún motivo? Pues miren ustedes: esa semana al mes (muchos padres no pasan con sus hijos más allá de cuatro días al mes) la conseguí tras un acuerdo-trampa con mi ex mujer (no exento de coacciones y amenazas diversas) y con la complacencia de un señor juez y un señor fiscal de familia que es de suponer que están para velar por "el interés superior de los menores", para "hacer justicia", para solucionar problemas y no ocasionar mayores problemas... El argumento que se utilizó era que me debía dar por satisfecho, que bastante que me concedía "tanto tiempo" (se entiende que era la madre de mi hija la que nos concedía a mi y a nuestra hija "estar tantísimo tiempo juntos") Esos "grandísimos" periodos de estancia de mi hija conmigo pasan en un "santiamén", cada separación está llena de una enorme tristeza: Papá, y ¿no me puedo quedar un poquito más? Y ¿por qué no me puedo quedar esta noche a cenar contigo y a dormir en tu casa...? Hija es que "no toca"... Pues como decía, inevitablemente, cada vez que llegan las vacaciones escolares de mi hija, desde hace ocho años, me pregunto lo mismo... Otro día hablaremos de prevaricación en las rupturas de pareja... Carlos Aurelio Caldito Aunión. Presidente de CCPMI, Custodia Compartida, Padres y Madres en Igualdad.
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TRIBUNA: MARÍA SANAHUJA
Las denuncias falsas
MARÍA SANAHUJA 22/12/2008
Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.
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Se están produciendo abusos al aplicar la bienintencionada ley contra la violencia de género
Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.
Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.
La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales. Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que "ellos también tenían familias"; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.
Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres...), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.
La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.
La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.
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María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081012/53558803028.html
http:w.ondacero.e/3530392s/OndwwaCero/playermultimedia//
La custodia de los hijos sólo se comparte
en el 12,2% de las rupturas
La tutela compartida en La Rioja, concedida de mutuo
acuerdo, supera en el 1,4% a la media nacional
De mutuo acuerdo o en los tribunales, esa es la cuestión. Tras la ruptura de una pareja toca decidir cuál de los padres se hace cargo de los hijos. Por norma, la tutela puede recaer en el padre o en la madre y, desde la reforma legal de 2005, en ambos. Lograr la custodia compartida sería lo ideal, pero sobra decir que el sentido común no siempre se impone.
CUSTODIA COMPARTIDA
El Gobierno se interesa por el Código Civil catalán para tomarlo de ejemplo
Varias asociaciones critican la supresión de la custodia compartida del texto
PERE RÍOS - Barcelona - 12/10/2008
El Gobierno se ha interesado por el anteproyecto de Código Civil catalán que prepara el Departamento de Justicia de la Generalitat para tomarlo de ejemplo y estudiar la incorporación de algunos aspectos a la legislación española. En las últimas semanas, los ministerios de Justicia e Igualdad, así como la Vicepresidencia del Gobierno han solicitado el borrador del anteproyecto del Libro Segundo del Código Civil de Familia de Cataluña, que aprobará el Ejecutivo de José Montilla en unas semanas.
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El Gobierno reformó en 2005 el Código Civil para introducir el divorcio exprés y renunció entonces a introducir la custodia compartida en el texto legal. Satisfizo así a los grupos feministas más radicales, por lo que parece poco probable que ahora quiera desenterrar ese tema. Por tanto, los aspectos del anteproyecto catalán que podrían incorporarse a la legislación española se referirían a cuestiones más neutras, como la filiación, la tutela de adultos, la protección del patrimonio y la adopción.
En Cataluña, la presión de algunos colectivos de mujeres y abogadas agrupadas y subvencionadas por el Instituto Catalán de las Mujeres, en manos de ERC, o vinculadas a ICV, el otro socio de Gobierno del PSC, han logrado que se suprima del borrador del anteproyecto la expresión "custodia compartida" a la hora de establecer el régimen preferente que aplicarán los jueces cuando haya ruptura sin acuerdo entre los padres. El texto habla de "responsabilidad parental con carácter compartido", aunque sí se refiere a la "custodia individual".
La custodia compartida ya aparecía en el anteproyecto redactado en la época del consejero Josep Maria Vallès, siendo director general de Derecho y Entidades Jurídicas Xavier Muñoz, así como en un borrador de la época de Montserrat Tura, aunque finalmente se ha suprimido.
Otro de los retoques del anteproyecto es colocar como primera circunstancia que considerar por el juez para determinar el régimen de custodia "la vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores". En el penúltimo borrador, esa circunstancia aparecía en tercer lugar, detrás de la aptitud y la actitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos.
Pueden parecer cuestiones semánticas, pero no lo son. Está en juego el futuro de miles de parejas e hijos. Varios colectivos censuraban ayer el edulcoramiento de la ley catalana. La Plataforma Feminista por la Custodia Compartida y la Asociación de Mujeres por la Igualdad reclamaron del Gobierno catalán "que no caigan de nuevo en la trampa de aquellos grupos que hacen del divorcio y de los hijos un negocio" y que "no se deje manipular como hizo el Gobierno español en 2005". También piden a la Generalitat "que actúe sin miedo y escuche lo que la sociedad está pidiendo", para que las leyes "se adapten a la realidad social sin ninguna concesión interpretativa". En términos parecidos se posicionó la Red Estatal de Abuel@s por la Custodia Compartida y la Federación Catalana de Afectados por Divorcios y Separaciones.
Pontevedra
Detienen en Vigo a una mujer después de golpear a su hija y amenazar al novio de ésta con un cuchillo
Arrestado un hombre por agredir a su mujer y a su hijo
VIGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Vigo detuvo a una mujer 34 años de edad y nacionalidad colombiana, aunque vecina de la ciudad, como supuesta agresora de su hija, de 17 años de edad; y del novio de ésta, de 20 años.
Sobre las 14.30 horas del domingo, una patrulla se dirigió hacia la calle Aragón, donde una pareja de jóvenes, ambos de nacionalidad colombiana, les informaron de que, momentos antes, la madre de la chica había entrado en casa con un amigo y, sin motivo alguno, comenzó una fuerte discusión con el chico.
Por su parte, la joven aseguró que intentó mediar en el altercado, momento en el que su madre, de iniciales M.F.G., comenzó darle bofetones, algo que, según añadió "no era la primera vez" que ocurría.
Según la Policía, la mujer continuó agrediendo a su hija y al novio de ésta, e incluso al amigo que había llegado a casa con ella, por lo que el chico decidió marcharse. Sin embargo, volvió poco tiempo después a recoger el teléfono móvil que se había olvidado, momento en el que la supuesta agresora lo amenazó con un cuchillo. Ante esta situación, los dos jóvenes abandonaron la vivienda.
Posteriormente, el amigo de la mujer también se marchó, indicando que ya había tranquilizado a la señora, por lo que los agentes pidieron una ambulancia para las víctimas e intentaron ponerse en contacto con la supuesta agresora, quien no daba respuesta.
PASTILLAS Y ALCOHOL.
Momentos después, llegó al lugar una dotación de la Policía Nacional y otra ambulancia, dado que acababan de recibir un aviso del 112 sobre una mujer que amenazaba con suicidarse en el mismo domicilio. Por ello, se requirió la presencia de los bomberos para que entraran en el domicilio.
La mujer fue hallada en el baño y semiinconsciente, por lo que efectivos de 061 se hicieron cargo de ella. La paciente manifestó que había ingerido numerosas pastillas y la había acompañado de alcohol, por lo que fue trasladada al Hospital Xeral. En este centro se negó a que se le efectuara un lavado de estómago, por lo que fue derivada al Nicolás Peña.
Así, cuando la mujer se encontró en mejores condiciones, la Policía le informó de que estaba detenida por un supuesto delito de violencia en el ámbito familiar.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Horas antes de este suceso, a las 4.30 horas del domingo, una dotación policial se dirigió a una vivienda de la calle Brasil donde se estaba produciendo una pelea de pareja. Una vez en el lugar, una de las personas que vivía en el piso explicó que, momentos antes, la pareja había mantenido una fuerte discusión en una de las habitaciones, en la que se habían escuchado golpes.
Los agentes se acercaron hasta la citada estancia y fue el presunto agresor, N.R.G.M., nacido en Perú, y de 34 años de edad; quien les abrió la puerta, mientras que la mujer permanecía en el interior. Ella presentaba un estado de ansiedad y tenía marcas de haber sido golpeada.
Ésta explicó a los agentes que estaba embarazada de dos meses y que el hombre le había propinado varios puñetazos en varias zonas de su cuerpo. Por su parte, el hijo de la pareja, un menor de 16 años de edad, aseguró que cuando intentó defender a su madre, su padre le dio un cabezazo además de un mordisco en un costado.
Así, los agentes detuvieron al individuo por un supuesto delito de violencia contra la mujer y trasladaron a la madre y al hijo a un centro médico.
AGRESIONES.
Además a las 8.00 horas del mismo domingo la Policía Local detuvo a un vigués de 28 años de edad e iniciales A.S.M. como supuesto autor de unas agresiones a otra persona, a la que rompió el tabique nasal y causó varias contusiones en el ojo derecho.
Los hechos ocurrieron en la calle Colmeiro Laforet esquina con Simón Bolívar, donde una patrulla, que había sido advertida de una pelea en el lugar, encontró a un hombre tumbado en el suelo y sangrando por la cara y que les explicó que un hombre a quien no conocía le había dado un puñetazo y que, tras caer al suelo, le había dado una patada en la cara.
Así, tras facilitar la descripción del individuo, otra patrulla consiguió localizarle en la calle Ecuador, donde procedió a su detención.
Aumenta el síndrome de alienación parental en hijos de padres separados
Espinosa asegura que el 30 por ciento de los menores tratados en el Punto de Encuentro Familiar presentan dicha alteración
Mercedes Espinosa, viceconsejera de la Mujer de Melilla / Autor: ArchivoLa influencia negativa que los progenitores separados de sus parejas ejercen sobre sus hijos está aumentando de forma considerable, por la manipulación que, por norma general, ejerce sobre el niño quien tiene su custodia.
Así lo ha asegurado a los periodistas la viceconsejera de la Mujer de Melilla, Mercedes Espinosa, quien ha señalado que aproximadamente el 30 por ciento de los menores que son tratados en el Punto de Encuentro Familiar presentan dicha alteración.
Según Espinosa, cada vez es más frecuente la utilización de los niños, a quienes se influye para crear un cierto "rechazo" y "castigar" así a la otra parte de la pareja.
La viceconsejera melillense ha censurado que se trate de "manipular" a unos niños, en algunos casos de corta edad, y ha explicado que es precisamente en este aspecto donde más se está incidiendo en el Punto de Encuentro Familiar, una iniciativa que hace posible la aplicación del régimen de visita que establece el juez en cada caso.
"No se puede permitir que se manipule a los niños con tiras y aflojas de una relación de pareja", ha dicho Espinosa, quien ha resaltado la necesidad de actuar en esos casos para eliminar el rechazo que existe, unas veces fundamentado en cierta medida, pero en otras basado en ideas creadas a partir de mentiras.
Según Espinosa, si se detecta el síndrome de alienación parental, lo que se hace es cumplir el régimen de visitas en el propio Punto de Encuentro Familiar hasta que, de forma paulatina, se elimina la visión negativa que existe sobre uno de los dos progenitores.
En la mayoría de los casos, el periodo de adaptación para eliminar el rechazo suele oscilar entre uno y dos meses y requiere una atención especializada por parte de mediadores familiares.
Los buenos resultados que está teniendo el Punto de Encuentro, iniciativa en la que colabora el Colegio de Abogados de Melilla, van a propiciar un aumento de las horas de servicio que se prestan, así como del personal del propio centro y de las dependencias que, en breve, cambiarán de ubicación.
Ahora los niños vienen con un piso debajo del brazo
No tenemos nada más que mirar a nuestro alrededor y comprobar que en todos aquellos procesos de separación y divorcio, al progenitor al que se le atribuye la custodia de los hijos igualmente se le atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar (dejando, eso sí, para el no custodio en la mayoría de los casos el placer nada envidiable de pagar "la hipoteca"). Con ello parece que se llega a la conclusión de que, "si me quedo con los niños, me quedo con la casa y con un poco de suerte incluso hasta me pagan la hipoteca".
Esta frase, que puede parecer cruel y desafortunada, es lamentablemente cierta. La tan esperada reforma del año 2005 (ley 15/2005 de 8 de julio) en materia de separación y divorcio, no ha solucionado los lamentablemente habituales problemas sobre la tan discutida custodia compartida así como la asignación de domicilio familiar. Lo que pueden parecer dos cuestiones distintas, nos lleva a una solución única: si los juzgados españoles otorgaran más custodias compartidas, eso sí, dentro del marco de la legalidad y con plena seguridad de lograr o al menos internar el beneficio del menor (parece que ahora, tras casi tres años después de la reforma, se están empezando a otorgar, eso sí, con cuentagotas), se conseguiría, por un lado posibilitar que los hijos de padres separados/divorciados pudiesen estar, crecer y disfrutar de ambos progenitores, no ser como en muchas ocasiones hijos de fines de semana alternos, y consecuentemente con ello se solucionaría el asunto de la vivienda familiar y de la hipoteca que grava la misma. En la actualidad el 80% de las familias que se separan tienen casi como único bien el domicilio familiar, eso sí, también tienen una hipoteca sobre la misma, que en la mayoría de los casos es de una cantidad nada desdeñable, y que en la mayoría de los casos se queda el progenitor custodio, y que otra vez en la mayoría de los casos se le atribuye a la mujer.
En el momento que vivimos, en el que gracias a Dios los padres ya no son sólo figuras que colaboraron biológicamente a fecundar al menor, sino que por motivos diversos tales como la incorporación casi generalizado de la mujer al mundo laboral, con el consiguiente reparto de funciones, la mamá deja a los niños en el colegio y el papá los recoge, los sábados mientras uno va al fútbol con uno, el otro acompaña a tenis al otro... y lo más importante, el propio deseo de los mismos padres de ejercer de ello, nos debe llevar a ver en la custodia compartida la solución menos mala (dado que no la hay buena) a la ruptura matrimonial, teniendo en cuenta que sería el modelo de convivencia que más se acerca al modelo anterior a la separación. Si tenemos como máxima "el beneficio del menor" como puede ser beneficioso para el menor prescindir casi definitivamente de uno de su papás, acostumbrado a verlo diariamente, a pasar a verlo fines de semana alternos, y eso si tiene suerte y el progenitor custodio (en la mayoría de casos las madres) no le pone problemas para que así sea, supuesto desgraciadamente bastante frecuente y que acaba como siempre judicializando las visitas, pasando por puntos de encuentro familiar y en muchas ocasiones y ante las constantes idas y vueltas a los juzgados terminando muchos de ellos con un "me rindo" del progenitor no custodio y consecuentemente privando al menor del derecho que le asiste a estar junto con su padre (porque recordemos que cuando nos referimos a la custodia compartida no nos estamos haciendo eco del derecho de los padres a estar con lo hijos sino muy al contrario al derecho de los hijos a estar con sus padres, con ambos).
Pues bien, si efectivamente se otorga el régimen de custodia compartida y entre ambos progenitores existe un aproximado equilibrio económico, el tema de la vivienda estaría igualmente solucionado tal y como ha resuelto recientemente la jueza del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Córdoba, que en un supuesto en que ambos progenitores solicitaban la custodia y acreditaban poder ejercerla dignamente (pese a la negativa de la madre de que se otorgara la compartida), la titular del juzgado ha resuelto que la misma fuese compartida por ambos, y que dado que ninguno de ellos tenía otro domicilio distinto al que hasta ahora había sido el familiar, y estando ambos incorporados al mercado de trabajo, con sueldos similares, lo ajustado a derecho es que se proceda a la venta del domicilio familiar, de manera que con el producto de la venta cada uno de los progenitores o bien compre un nuevo, o bien lo alquile si el importe de la venta no le permitiese la compra de otro. Pues esta sentencia, que parece tan lógica y normal, desgraciadamente "ha sido noticia", recordemos que nuestro Código Civil establece que respecto al domicilio familiar se asignará, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, al cónyuge en cuya compañía queden los hijos; si a ello unimos que igualmente nuestra legislación en principio establece la custodia compartida, sólo en aquellos supuestos en que sea solicitado de común acuerdo por ambos progenitores, y "excepcionalmente", cuando lo solicite sólo uno de ellos, la consecuencia es, en no pocas ocasiones, el uso de los niños como moneda de cambio.
El régimen de guarda y custodia de los hijos tras la ruptura matrimonial está regulado en España por el artículo 92 del Código Civil, en el que se prevé que el juez, con el informe del fiscal, siempre avalará el acuerdo al que lleguen los padres a no ser que perjudique a los menores. Si no hay acuerdo, el juez decide y el Código Civil prevé que «excepcionalmente» se otorgue la custodia compartida cuando lo pida algún progenitor y siempre que el fiscal esté de acuerdo.
En el anteproyecto catalán, esa situación de excepcionalidad se convierte en "preferente" para que, si no hay acuerdo, el juez pueda acordar la custodia compartida sin que lo reclame ningún progenitor y sin el informe favorable de la fiscalía.
Los separados
La Confederación Estatal de Madres y Padres Separados felicitó ayer al presidente de la Generalitat de Cataluña , José Montilla, por «establecer la custodia compartida como preferente» en un nuevo anteproyecto de ley, e instó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a «hacer lo mismo».
La Confederación señaló su «satisfacción» por el anuncio de un nuevo anteproyecto del Código de Familia elaborado por la Generalitat de Cataluña. Fuentes de la Confederación afirmaron que el PSOE «está haciendo una política discriminatoria» contra los padres en caso de divorcio, y contra los hijos, «porque pierden el contacto con ellos». «Cuando Rodríguez Zapatero habla de proteger a los más débiles, no se refiere a los niños», afirmaron.
Para esta asociación, el Gobierno de José Montilla «ha mostrado sensibilidad, sentido de la responsabilidad y talante de modernidad y progresismo» ante el «grave problema que supone la pérdida de las relaciones familiares que suele llegar tras el divorcio».
Hijos 'manipulados'
Niños educados para odiar a un progenitor|Un tercio de los divorcios de Mallorca 'provoca' el Síndrome de Alienación Parental en los vástagos
Gemma Marchena Palma | hace 21 horas | 0 comentarios | + 8 - 1 (9 votos)
"El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es educar al niño para rechazar al padre o a la madre". Esta es la definición del psicólogo forense Jose Manuel Aguilar de un mal que "ha existido toda la vida pero que ahora se le ha dado nombre". El resultado de esta manipulación es el odio hacia uno de los progenitores, que en casos severos llega a rechazar la presencia del mismo.
Es el caso de Lucía, nombre ficticio para una víctima mallorquina del SAP, que no ha visto a su hijo más que en contadas ocasiones desde que cumpliera los 11 años: "Su padre consiguió la custodia después de manipularle. Se me dio un régimen de visitas que no se cumplió porque no me quería ver".
Lucía mantiene desde hace años una relación furtiva con su hijo. "Estas Navidades, su padre descubrió que había llamado a mi hijo. No he vuelto a hablar con él", afirma esta madre que pertenece a la Asociación balear de Defensa del Menor contra la Alienación Parental.
Según Aguilar, tanto padres como madres son víctimas del SAP, ya que "la mala leche no tiene sexo, como dijo un juez de familia".
El perfil del progenitor que aliena es "una persona que confunde el conflicto de pareja con la relación padre-hijo y le introduce en el problema con frase tipo tupadre no paga la pensión o tu madre nos dejó".
Jueces y periodistas
El padre que padece las consecuencias "es una persona dialogante, que intenta solucionar el problema". Su nivel es medio-alto y abundan entre periodistas, médicos, jueces e incluso diputados.
"Se está produciendo un cambio social. La paternidad es compartida y pelean por sus hijos", aclara el psicólogo, que añade que "los niños vienen con vivienda y pensión". Una circunstancia que dificulta aún más el divorcio.
LAS SECUELAS
De adultos repiten la manipulación sufrida
El Síndrome de Alienación Parental acompaña a los hijos-víctima toda la vida: "Con transtornos ansiosos y depresivos de mayores descubren la verdad. Se sienten engañados por el alienador y culpables por maltratar al otro". Muchos repiten el modelo en su propia descendencia.
DOS AÑOS EN JUICIO
Hijos que sufren el retraso judicial
El tiempo juega en contra de los hijos. Pese a que los informes psico-sociales alertan de casos de alienación en un tercio de las separaciones contenciosas los retrasos de los juzgados de Mallorca suponen que un divorcio pueda alargarse hasta dos años. "Con la huelga de funcionarios la espera será más larga" según Aguilar. Los padres alienadores aprovechan este valioso tiempo "para seguir mal metiendo y mientras tanto los hijos crecen". Cuando porfin se toman cartas en el asunto el reencuentro con el padre afectado es traumático.
LAS CIFRAS
20.000 niños al año
Es el número de víctimas que se suman a los efectos del Síndrome de Alienación Parental en toda España. Esta cifra supone un tercio de las separaciones contenciosas del país.
El 20% mujeres
El SAP no entiende de géneros. El 20 por ciento de las víctimas son las madres pese a que sólo el 5 por ciento de los padres tiene la custodia. Los abuelos también son víctimas y verdugos.
Denuncias falsas
La mayor parte de las denuncias porabusos sexuales contra uno de los padres en las separaciones contenciosas son falsas. Los acusados funden su patrimonio para defenderse de las acusaciones.
Edad media 35 años
Los padres que seven inmersos en el Síndrome de Alienación Parental tienen una media de 35 años cuentan con formación superior.El fin de semana alterno les parece poco para estar con sus hijos.
El abuso inmoral de la Justicia
Publicado el 12/02/2008, por Santiago Milans del Bosch, jurista
La Constitución propugna como “valor superior del ordenamiento jurídico la justicia”. Pero lo cierto es que en muchos casos –cada vez más– se usan los tribunales sólo para embolsarse ilícitamente una buena cantidad de dinero, aunque para ello halla que engañarlos haciéndose pasar por una víctima que necesita ser amparada y resarcida. Últimamente lo estamos viendo con las noticias, que vienen en cascada, de quienes pretenden cobrar de los padres los desperfectos en sus vehículos al haber atropellado mortalmente a sus hijos (así, el caso del joven ciclista riojano).
Pero éstos no son los únicos en que se usa –mejor sería decir, se abusa– de la Justicia para fines espúreos o, cuando menos, ilícitos. Lo preocupante es, en realidad, el uso inmoral de los medios y las personas que integran la Administración de Justicia, cuando se acude a ésta no para solicitar lo que en Derecho corresponde sino para fines e intereses que nada tienen que ver con la Justicia, sino más bien con el bolsillo o con un injusto castigo ejemplarizante que sirva para reforzar una especifica acción política e ideológica de “bienes especialmente protegidos”.
Esto está al orden del día: denuncias falsas o en base a hechos preconstituidos que provocan la incoación de las pertinentes “diligencias previas”, con el consiguiente calvario de figurar durante años como imputado, aunque luego se archiven por “inexistencia de delito”; chantajes a las empresas con la amenaza de denunciarla y vapulearla mediáticamente, salvo que se indemnice por unos supuestos daños cuya valoración se acepta por ser ello “más económico” que el temido daño reputacional; acusaciones en los casos de siniestralidad laboral, con el consiguiente riesgo de cárcel para el empresario, salvo que se indemnice, ¡claro está!, por encima del baremo oficial, y ello aun cuando muchas veces el accidente se deba a causa ajena de la empresa o a culpa exclusiva del trabajador; denuncias, alentadas por la propaganda oficial, de sufrir un acoso psicológico por parte del marido (que automáticamente supone, por tratarse de un hombre contra una mujer, pernoctar en los calabozos policiales antes de ser puesto a disposición judicial) provocando la actuación del Juzgado de violencia de género que se encargará de tramitar de forma expeditiva no sólo la depuración de la posible responsabilidad penal sino también la custodia a favor de la madre y el régimen de visitas para con los hijos, además del divorcio; reclamaciones de cantidad o bajas laborales como consecuencia de los días, semanas o meses de incapacidad para el trabajo derivados de un accidente de tráfico, que el detective costeado por la aseguradora descubre está disfrutando con deportes de riesgo, etcétera.
Claro que hay casos reales y reclamaciones justas. Pero otras –demasiadas– no lo son. ¿Cómo poner fin a este abuso de la justicia? No es difícil, si se quiere: establecimiento de una sanción al querellante zafio, imposición legal de costas al denunciante temerario, persecución de oficio al querulante falso por delito de denuncia falsa, resarcimiento de los daños al honor y fama a cargo del querulante, del funcionario desaprensivo que actúa fuera de toda profesionalidad ‘construyendo’ el ilícito penal, o de la propia Administración de Justicia por el ‘error’ o anormal funcionamiento de la misma, obligación de dar la misma publicidad al archivo de la causa penal o sentencia absolutoria por inexistencia de hecho criminal, que la que se dio con motivo de su incoación, etcétera. Sólo así tendremos una Administración de Justicia más justa, ágil, eficaz y moderna.
Exculpado de abusar de sus dos hijos tras cuatro meses en prisión
Los jueces afirman que la madre y la abuela indujeron a los niños a mentir
PERE RÍOS - Barcelona - 07/01/2008
Martín Turégano Vilardell fue detenido y esposado en presencia de uno de sus dos hijos el 28 de marzo del año pasado. Ese día debía iniciar las vacaciones de Semana Santa con los niños, que entonces tenían dos años y medio y seis, pero la denuncia de su ex mujer lo impidió. Pasó las vacaciones en la cárcel y allí siguió otros cuatro meses acusado de abusar sexualmente de los menores.
Hace unos días, la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona le ha exculpado. Los jueces concluyen que no hay pruebas contra él, no se creen la denuncia de la ex mujer y aseguran que las declaraciones de los menores que sirvieron para encarcelar al padre fueron inducidas por la madre y por la abuela materna.
La pareja se había separado de mutuo acuerdo a mediados de 2006 a instancias de él. La mujer se quedó la guarda y custodia, la mitad de un apartamento y otras pertenencias, explica Turégano. "Jamás pensé que pudiera ser capaz de esto y actuar así por odio y rencor", relata el hombre, de 34 años y contable de una multinacional.
El padre ha pasado siete meses en tratamiento psicológico y psiquiátrico y asegura que el calvario que él ha pasado no lo desea ni al peor de sus enemigos. "Conmigo se ha cometido una injusticia que jamás olvidaré", dice. Lleva nueve meses sin ver a sus hijos y ahora confía en que la exculpación haga cambiar de parecer a los jueces.
La decisión de la Audiencia de Barcelona pone fin al proceso iniciado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Mollet del Vallès (Barcelona), que dio verosimilitud a la denuncia de la madre y procesó al hombre por un delito de abusos sexuales con acceso carnal contra su hijo J., y por otro contra su hermano M., en este caso sin violencia.
El Código Penal castiga la primera conducta hasta con 10 años de cárcel y la segunda, hasta dos años. La acusación particular ejercida por la madre solicitó de la Audiencia de Barcelona que abriera juicio contra el hombre, pero los jueces explican que no hay ninguna prueba que lo justifique.
Los Mossos d'Esquadra registraron su vivienda y no encontraron ninguna de las películas pornográficas con menores que se habían relatado en la denuncia ni ningún otro dato que permitiera sospechar que se cometieron abusos. Los informes médicos del Hospital de Sant Joan de Déu, que revisó a los niños, también descartaron las agresiones, y los informes psicológicos concluyeron que no existieron los abusos.
Así las cosas, el tribunal explica que la principal prueba de cargo en estos meses han sido las declaraciones de los menores, pero añade que han sido "cambiantes". Al principio parecía que existía "sospecha de posible abuso sexual", pero después quedó descartado por los psicólogos. "Los niños no presentan rasgo de abuso sexual y en el propio informe psicológico se indica que la forma de narrar los hechos investigados reduce la credibilidad de su relato", dice el tribunal.
Los jueces afirman que las respuestas de los niños a los psicólogos "pueden estar inducidas por la madre", de la que se dice que está "personalmente enfrentada con el padre". Los menores también relataron que "lo que dijeron del pene de su padre y de los dientes no pasó de verdad, que se lo había dicho su abuela".
Al margen de sus parientes, el único apoyo que recibió el acusado fue el de la Asociación de Padres de Familia Separados de Cataluña, que reclamó su presunción de inocencia. La justicia concluye ahora que no es una suposición.
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La mayoría cree que la justicia no trata a todos por igualEL PAÍS. - Madrid
EL PAÍS - España - 13-03-1995
La imagen que la Administración de Justicia tiene entre la ciudadanía es claramente ambivalente: es considerada la última garantía del Estado democrático en el caso de una profunda crisis política por la misma proporción mayoritaria de entrevistados que opina que tiene un poder excesivo que nadie controla. La Justicia es vista como un poder independiente, arbitrario e ineficaz en su funcionamiento, pero capaz al mismo tiempo de garantizar, llegado el caso, la supervivencia del Estado de derecho: una especie de mal que algún bien comporta. El dato más destacable es que el 74% de los españoles cree que la Justicia no trata por igual a todos los acusados, cualquiera que sea su condición social o el delito cometido. Al mismo tiempo, para un 51% es arbitraria e incoherente; es decir, ante casos similares toma medidas diferentes y a veces opuestas, y para un 46% muestra demasiada facilidad en decidir la prisión preventiva para los inculpados. |
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LA RIOJA
Como ángeles custodios
Cada día aumenta el número de padres separados que quieren disponer de sus hijos durante más tiempo, aunque la ley margina sus deseos respecto a los de las madres
«Estoy harto de un proceso irregular, injusto y sexista», confiesa un riojano separado, con hijos y sin custodia compartida, como tantos otros. Amparado en el anonimato, «porque Logroño es muy pequeño y puede haber represalias», sólo pretende trasladar las dificultades que afronta un hombre para acceder a sus hijos tras una separación, sobre todo si ésta no es amistosa. «Somos muchos, aunque no se nos oiga», asegura.
Cuando una pareja con hijos decide finalizar su relación, la custodia corresponde a la madre. Al padre, generalmente, le quedan los fines de semana y vacaciones. «Es la mentalidad de las zonas rurales», advierte. «Lo normal es que haya una custodia compartida», solicita. Por la vía legal, lenta y farragosa, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha conseguido nada («y no soy optimista», admite). Carga su frustración contra los informes psicosociales, elaborados por psicólogos o trabajadores sociales con el fin de proponer a los jueces de Familia el mejor entorno para los niños. «Usan lo bueno de las madres y lo malo de los padres», expresa con desesperación. En otras comunidades autónomas, sin embargo, se han sentado «precedentes esperanzadores». El Defensor del Pueblo abrió una investigación por posibles irregularidades en el funcionamiento de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de Familia de Valencia y, como consecuencia, del resto de España (según el Defensor de La Rioja, el asunto está en proceso), tras recibir denuncias por parte de 123 ciudadanos afectados, coaligados en la Plataforma de Damnificados de Informes Periciales de Familia (Dinperfa). «Se ultraja a los niños, porque no se piensa en su bienestar, y a los padres nos faltan apoyos», lamenta. Uno de esos padres denunció ante el Fiscal Jefe de la Audiencia a un psicólogo que emitió informes en los que recomendaba la guarda materna, a pesar de reconocerle expresamente la existencia de maltrato y abuso hacia la menor. «¿Quién puede entender algo así?», espeta con rabia el riojano. El momento elegido por ese más de un centenar de padres valencianos no pudo ser más acertado, ya que el Partido Popular ha incluido en sus propuestas electorales para Valencia la custodia compartida. Asociación testimonial El ejemplo levantino invita a unirse para reclamar colectivamente, pero en La Rioja sólo existe una asociación, aunque bajo mínimos. «Nuestra presencia es testimonial y la operatividad, mínima», reconoce Isabel Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Padres Separados de La Rioja. «La asociación se creó en 1994, pero la falta de subvenciones ha frenado nuestra progresión», achaca. No obstante, sus integrantes asesoran en lo que pueden, basándose en su experiencia personal o en sus conocimientos académicos. «La custodia compartida es muy difícil, a no ser que haya un acuerdo entre las dos partes, más que compartida, la custodia suele ser alternativa», comienza Martínez, ejerciendo de abogada. Cuando los niños tienen menos de nueve años, la situación es aún más complicada. «Si son adolescentes se puede hablar si ellos quieren, pero lo habitual es que la custodia corresponda a la madre y los padres dispongan de un régimen de visitas. No obstante, últimamente está más en boga que los padres tengan derecho a algún día entre semana», continúa. Martínez cree que la sociedad «va cambiando, influenciada por la Ley del Divorcio del 81». «Lo que está claro es que cada vez más padres quieren la custodia de sus hijos», aunque en España «vamos a rebufo de otros países», advierte con cierto optimismo, porque «desde hace unos cinco años veo más apertura por parte de los jueces para facilitar el contacto de los hijos con los padres, tras mucho tiempo acostumbrados al régimen de fin de semana». María del Bueyo Díez, Defensora del Pueblo en La Rioja, explica que su oficina no trabaja con «custodias compartidas, ya que en estos casos en los que hay un proceso judicial abierto, no podemos intervenir». A pesar de todo, ha satisfecho consultas, sobre todo, «por parte de mujeres». «Recuerdo el caso concreto de una señora que venía con sus hijos y temía por su integridad cuando los dejaba en el Punto de Encuentro». «No puedo actuar» Pero Del Bueyo insiste en que «al no existir una actuación administrativa en estos casos, yo no tengo nada que decir. Sólo podría intervenir en un problema en el Punto de Encuentro, como el caso comentado. De todos modos, recibo más quejas por casos de niños que no tienen custodia, que están tutelados por el Gobierno de La Rioja», declara. La psicóloga de Familia Charo Magaña incide en la necesidad de que los padres mantengan una relación cordial para facilitar estos procesos. «Es fundamental cómo llevan los adultos sus problemas de convivencia. Evidentemente hay madres que hacen mal uso de la ley y nunca deberían poner esas dificultades. La madre debería pensar siempre en el niño y no dejarse llevar por una mala relación con su antigua pareja», aconseja la psicóloga. Marido y padre Según ella, hay una diferenciación obligada en todas las separaciones con niños implicados. «En ese momento el hombre deja de ser marido, pero no padre. Hay que separar los dos conceptos», propone. Salvo excepciones, Magaña desmiente que una separación implique un trauma para los menores. «El niño siempre quiere que sus padres estén juntos, eso es verdad y lógico, pero no tiene por qué ser un trauma una separación. Como ya he dicho, si los padres hacen las cosas bien, se evitarán sufrimientos», resume. Impotencia La magnitud de este problema social, hasta hace poco invisible a los ojos del resto de los ciudadanos, se puede medir en Internet. Abundan las páginas web de asociaciones de padres o colectivos que ofrecen a éstos asesoramiento y comprensión. Porque entender su vida interior no es sencillo para los que no lo sufren. «De la noche a la mañana pasas de ver a tus hijos todos los días, a verlos un fin de semana de cada dos, aunque ellos mismos expresen su deseo de estar contigo», advierte el padre riojano. |
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04-07-2004
LA RIOJA. El Correo Digital. Miguel Ángel Rojo / Logroño
Padres separados prevén crear una Plataforma Pro Custodia Compartida
Alertan sobre el síndrome de alienación parental en menores
Padres separados de La Rioja estudian la creación de una Plataforma Pro Custodia Compartida; es decir, que los hijos menores disfruten de las dos familias progenitoras en igualdad de condiciones.
Una representación regional acude hoy a una marcha convocada en la Puerta del Sol de Madrid, en la que participarán padres, abuelos, otros familiares e hijos, para reivindicar una ley de custodia, al entender que la mejor forma de que los niños no se conviertan en las víctimas de una separación es mantener una convivencia continuada con ambas partes, tanto madres como padres.
La ley de custodia compartida posee precedentes en otros países de Europa, siendo pioneros los países escandinavos. Un padre afectado resume la petición: «Lo que reivindicamos no es estar más tiempo con nuestros hijos, sino eliminar el régimen de visitas porque se visita a un enfermo, no a un hijo», razona.
El principal promotor riojano de la plataforma ha vivido en primera persona una separación traumática, en la que sus hijas serían rehenes de una batalla jurídica surgida tras el desencuentro y la ruptura de la convivencia.
El entrevistado, que, por el momento prefiere guardar el anonimato, habla del caso de un padre que no conoce aún a su hijo de tres años, dado que la separación se produjo cuando éste era una recién nacido. «El próximo sábado lo va a conocer por fin; irá acompañado de otro padre separado», explica. Y también tiene constancia de falsas denuncias de abusos sexuales de padres a hijos que nunca pudieron ser demostradas. «La madre de mis hijas busca romper la relación de las niñas con el padre.
Los convocantes de la marcha que se celebra hoy en Madrid, con destino final en el Ministerio de Justicia, no sólo aspiran a la custodia compartida. También piden el establecimiento de sistemas oficiales de mediación familiar.
Especial preocupación tiene para el colectivo el denominado síndrome de alienación parental, definido como un proceso que consiste en programar un hijo para que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación. Cuando el síndrome está presente, el hijo da su propia contribución en la campaña de denigración del padre alienado. La pretensión es que éste se reconozca como maltrato psicológico.
El interlocutor reivindica su papel de padre activo. «Yo soy un padre de los que ha llevado todos los días a sus hijas al colegio, les ha dado de comer y cambiado pañales. Se han marchado con su madre y no ha pasado nada. La jueza ha ignorado la casa, la abuela, el colegio donde estudiaban».